Por intermediación de la Procuraduría General de la Nación, 1.400 condenados pasarán de Centros de Detención Transitoria (CDT) a establecimientos carcelarios en todo el país.

El acuerdo se logró entre la Policía Nacional, el Inpec, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, gracias a un encuentro por el seguimiento que hace el Ministerio Público "respecto a la situación carcelaria del país".

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Actualmente hay 20.940 personas privadas de la libertad en diferentes CDT de todo el país, ubicados en estaciones de Policía y URI de la Fiscalía, cuya capacidad total suma 9.681 cupos, lo que equivale a un hacinamiento del 116%.

Según la Procuraduría, en los Centros de Detención Transitoria hay 1.424 personas privadas de la libertad condenados. La Policía alertó que 193 de ellos, han permanecido allí por más de 690 días sin que se haya resuelto su establecimiento definitivo de reclusión. 

Solo en Barranquilla el hacinamiento, con datos del año pasado, el hacinamiento es del 377%, es decir, hay 829 privados de la libertad cuando la capacidad solo es de 282 cupos.

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Entre los compromisos adquiridos el Inpec y la Policía Nacional, están que, de manera articulada, van a establecer un cronograma interinstitucional de traslados, lo que incluye acordar temas operativos, logísticos y de seguridad para ejecutarlos y el mecanismo de seguimiento y verificación interinstitucional que se utilizará para garantizarlos.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, reconoció los esfuerzos adelantados por el Inpec y la Policía para cumplir con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y aseguró que el Ministerio Público continuará realizando de manera permanente el seguimiento para la garantía del respeto por los derechos humanos de la población privada de la libertad.